Los dirigentes del Consejo Regulador de la DO Rioja no cumplen la ley al aplicar las tasas o cuotas obligatorias que viticultores y bodegas deben aportar para su funcionamiento. Un viticultor alavés paga hoy al Consejo unas diez veces más de lo que pagaba en 1995-99 por la misma hectárea de viña.
El Consejo Regulador no es ecuánime en la utilización de un presupuesto desmesurado y faraónico que perjudica a los viticultores y a las bodegas no embotelladoras de cosecheros y cooperativas en una cuantía de más de 35 millones de euros por decenio.
El presupuesto del Consejo Regulador de la DO Rioja ha pasado de 1,1 millones de euros para el año 1992 a los 16 o 17 millones que se prevén para este 2025. Un viticultor alavés paga hoy al Consejo unas diez veces más que hace 25 años por la misma hectárea de viña, con la diferencia que la uva se pagaba entonces bastante más que en 2020-24 y los gastos de producción eran mucho menores.
El porcentaje de aportación exigido a los viticultores ha crecido mucho. En 1995 el porcentaje de aportación era del 25% del presupuesto total del Consejo, en 2005 era del 38% y en la última década la aportación media supera el 41%. Este altísimo porcentaje de participación es impensable en otras DO, no aparece en el Reglamento del Consejo ni en ley alguna.
La aportación del sector productor al Consejo en relación a sus ingresos se ha multiplicado por quince o veinte en las últimas dos décadas, pasando del 0.13% al 2,5% del valor de la vendimia mientras que la aportación de las bodegas comercializadoras ha crecido cinco veces menos que la de los viticultores, pasando del 0,20% al 0,50% de la facturación de las bodegas.
En el año 2024, el Consejo aprobó una aportación media de las bodegas de 4,14 pts/botella (o 0,025 euros/bot.) y una aportación de los viticultores de 2,17 pts/kilo de uva (o 0,013 euros/kg), aunque sería más preciso decir que los viticultores están pagando a una media entre 90 y 100 euros/Ha.
En los últimos veinte años el importe de las tasas que paga un viticultor alavés medio (15 hectáreas) al Consejo Regulador se ha disparado y no digamos nada si además de viticultor es elaborador cosechero, hasta el punto que este paga una cuota media (próxima a los 3.500 euros/año) entre tres y diez veces mayor que el viticultor o el cosechero de las DO Cava, Toro, Borja, Ribera de Duero, Txakoli (3), Catalunya Jumilla,…, para un servicio y unos ingresos por hectárea bastante parecidos.
Rioja Alavesa ha pagado al Consejo de Logroño en el último decenio unos 45 millones de euros, y no tiene de su propiedad no ya un soberbio edificio como el de Logroño, sino tan siquiera un chozo.
De esos 45 millones los viticultores alaveses han puesto casi 13 millones de euros por su pertenencia a “su club rioja” que ellos construyeron hace cinco siglos, cifra muy abultada, máxime si consideramos que esa cifra supone más del 10% de los beneficios generados por sus uvas en los años en que hay beneficios.
Un pueblo alavés de unos 250 habitantes que viene cultivando la viña y haciendo vino “Rioja” (¡y marca “Rioja”!) desde hace cinco siglos, con unas docenas de familias de pequeños viticultores-cosecheros trabajando unas 500 hectáreas, está “condenado” a pagar todos los años una cantidad de unos 100.000 euros (¡un millón de euros cada década!) a un ente de Logroño para que le haga unos sencillos controles administrativos que le hace (o le podría hacer) gratis la propia Administración Vasca.
NAVARIDAS, y la Comarca, a través de una hoja. (Marimar Durán).
Un pequeño bodeguero alavés que abandonara hoy la Denominación tras pagar al Consejo en lo que va de siglo el equivalente a unos 90.000 euros (¡15 millones de pesetas!) no se llevaría ni un bolígrafo promocional, no ha generado en Álava con ese dinero, ni puestos de trabajo, ni infraestructuras, ni nombre. Nada. ¡Insólito en el mundo!
Hay que subrayar al respecto, que hasta el año 2008, durante toda la larga vida del Consejo Regulador Rioja, las cuotas que pagaban los viticultores eran mucho más moderadas y estaban ajustadas al valor de la producción en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de la Vid, el Vino y los Alcoholes y más recientemente en la filosofía contemplada de la Ley de la Viña y el Vino 24/2003, de que se pagaran las cuotas al Consejo en función de los ingresos generados por la uva o el vino.
También la Orden Ministerial 3465 de 2004 que regulaba la DO Rioja recogía en su art 43.1 ese principio tradicional de reparto de las cuotas de los dos subsectores, productor y comercializador, :
“La financiación de las obligaciones del Consejo se efectuará con las Cuotas Obligatorias a las que se aplicarán los porcentajes e importes siguientes: el 1% del valor de la producción de uva amparada y el 1,5% del valor resultante de multiplicar el precio medio ponderado de la unidad de producto amparado (vino) por el volumen contraetiquetado por cada bodega en la campaña precedente”.
Sin embargo, en la Orden APA 689 de 2008, basándose en el incremento de la partida de promoción del vino Rioja, se modificó ese artículo concreto del Reglamento de la Denominación y se elevaron esos topes teóricos del 1% del valor de la uva y 1,5% del valor del vino hasta el 7%, tanto en uva como en vino.
Un salto formidable en las cuotas que no tenía justificación razonable en una ayuda europea a la “exportación a terceros países”, ayuda que han recibido también todos los vinos españoles y europeos de prestigio sin multiplicar brutalmente sus cuotas.
La realidad es que el propósito de esta Orden Ministerial no se ha cumplido, pues si bien es cierto que se ha duplicado o triplicado la antigua cuota máxima de los viticultores que hoy pagan, como hemos visto, el 2,5-3% del valor de la producción, sin embargo, la cuota del vino embotellado ha quedado en un 0,5%, muy por debajo no solo del 7% que marca la ley actual sino también del tradicional 1,5%.
En general, todas las Denominaciones se quedan lejos de cobrar el tipo máximo que, en la mayor parte de ellas, sigue siendo en viña hasta el 1% del valor medio de la uva y en vino hasta el 1.5% del precio medio de la botella. Valga el siguiente dato a modo de comparación: un viticultor del norte de Álava con 15 Has, con la uva a doble de precio, paga a su Consejo Regulador la décima parte de lo que paga al Consejo de Logroño su hermano viticultor del sur de Álava.
Sería interesante que los partidos vascos, aprovechando la buena sintonía con el Gobierno, plantearan en el Congreso de Madrid al Ministro de Agricultura un reparto más equilibrado de unas tasas que perjudican a los viticultores y cosecheros pero, en todo caso, para solucionar este problema de las altas cuotas de los viticultores bastaría con aplicar la ley, porque las tasas que se están aplicando no cumplen la ley 6/2015 de Denominaciones de ámbito supraautonómico.
Tampoco cumple la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos que dice que, por el principio de equivalencia se tenderá a cubrir el coste del servicio y por el principio de capacidad económica se tendrá en cuenta ésta en las personas que deban satisfacerla. Además, según esta ley, es imprescindible elaborar una memoria económico financiera con un estudio previo que justifique la cuantía de la tasa o precio, cosa que no se está haciendo.
El propio Reglamento del Consejo Regulador Rioja establece que para el cálculo de las tasas se debe atender al “precio medio ponderado de la unidad de vino por el volumen contraetiquetado por cada bodega en la campaña precedente”. El Consejo Regulador no está cumpliendo su propio Reglamento ni la filosofía del legislador que lo redactó y que quería una tasa proporcional al valor real del producto.
Lo mejor en Rioja sería volver a la redacción inicial del Reglamento en 2004 con los tipos tradicionales máximos del 1-1,5%, máxime teniendo en cuenta que la modificación propuesta en 2008 que marcaba un tipo máximo del 7% no se ha cumplido, puesto que no tiene ninguna lógica que el Consejo Regulador le pida a un rico bodeguero (con un precio de la botella 20-200 veces mayor que el kilo de uva) una cantidad similar a la que le exige a un humilde viticultor por ese kilo de uva.
Se conseguiría una importante reducción de la cuota para la generalidad de los viticultores (bajaría del 2,5% al 0,6%) y una mayor justicia distributiva si, por ejemplo, se elevara imperceptiblemente la cuota de las bodegas de modo que todas pagaran el 0,6% del precio real de la botella, quedándose todavía muy lejos del tope máximo del 7% que marca la norma. Esto supondría un ahorro a los viticultores de más de 35 millones de euros en el próximo decenio.
Publicidad
Suscríbete a nuestra Newsletter
Acepto que Blog Rioja Alavesa utilice mis datos para acciones de marketing
Recibe nuestras novedades
Newsletter
Acepto que Blog Rioja Alavesa utilice mis datos para acciones de marketing
Un articulo informativo muy interesante, porque ahora sabemos los impuestos que pagan los viticultores. Desde una perspectiva exterior parecen porcentajes desmesurados.
Gracias, Carmen
«AMARRATEGUI»
Persona conservadora en término de finanzas.
Este concepto cada vez más utilizado y practicado deberían ponerlo en práctica determinadas INSTITUCIONES.
Gracias, Carlos
La lógica pide que a mayor aportación mayores servicios por parte del Consejo. ¿Qué servicios presta el Consejo Regulador además del de controlar y obstaculizar el trabajo del viti-vinicultor pequeño? ¿Quién sale beneficiado de esta política y desembolsos?. ¿Quién controla estos presupuestos? Miguel, muchas gracias por tu clarificación y ojalá lean tu artículo nuestros políticos.
Gracias, Antonio
Este CHIRINGUITO se ha hecho demasiado grande con los pequeños.
Cuando se aprueban los presupuestos (es decir, los ingresos y los gastos del Consejo) ¿Qué dice el representante del Gobierno Vasco? Porque sabemos que no tiene voto, pero sí voz para manifestar la opinión de los viticultores alaveses.
El problema, es si seguimos bajando la cabeza y tirando pa’lante. Hace años un bodeguero de Laguardia decidió salirse de Rioja. El año pasado Las Bodegas Familiares de Rioja han renunciado a estar en el Consejo. ¿Servirán estas actitudes para darle un pensamiento de… cuánto pago y cuánto recibo por estar en el club más rico del país??
Gracias Miguel por contarnos estas cosas tan sencillas que nadie cuenta.
Gracias, Dalmacio
Es lamentable que cueste la cartilla del Consejo más cara por hectárea que una mano de tratamiento cara.
Se gasta la mayoria del presupuesto en ferias en las que generalmente solo se aprovechan las grandes bodegas.
Pero eso sí, vas a los grandes supermercados y el vino más barato es el de Rioja.
Gracias, Goyo
Felicidades por el artículo, Miguel.
Todo tiene su precio, y pertenecer a un selecto Club, de éxito, de gran reputación y notoriedad, al que todos envidian, admiran e imitan, lógicamente barato no puede ser.
Pertenecer a este exclusivo y selecto Club no es obligatorio; por tanto, exceptuando algunos pocos miembros, el resto está gustoso de este dispendio, es más, me atrevo a decir que aplaudirían una mayor subida de cuotas.
Miguel, si tuviese sentido lo que denuncias en este artículo, el sector productor estaría en pie de guerra, movilizaciones, manifestaciones, declaraciones en los medios dejando alto y claro su disconformidad con la «exitosa» gestión realizada por parte de los miembros del Consejo Regulador, incluso pidiendo su cese.
Nada, o muy poco de esto sucede.
Quien calla otorga.
Gracias, Emilio
Fundamental la aportación de datos que como siempre nos ofreces y ya desde hace tiempo. Para completar el panorama del expolio, me parece que sería interesante informar sobre las aportaciones de nuestras instituciones (Diputación y Gobierno autonómico) al sostenimiento de la DOCa, aportaciones directas e indirectas que se están utilizando para paliar los efectos de esos gigantescos excedentes creados por el impulso de esa institución (poda en verde, destilación…).
Como apunta Dalmacio, también sería interesante conocer la situación de los que se han salido de la Denominación, para saber a lo que se exponen.
Demasiado poder para una institución alimentada por nosotros con voz y sin voto.
Quousque tandem!
Gracias, Txus
Gracias por vuestras aportaciones, especialmente a Emilio por poner una nota de humor ante tamaño atropello. Y a Carmen una aclaración, las tasas de las que hablo no son los impuestos que pagan nuestros viticultores y cosecheros. ¡Ojalá pagaran solo eso! Nuestros viticultores y cosecheros están fritos a impuestos, tasas y precios públicos por su actividad, como la mayoría de los ciudadanos alaveses. La abusiva tasa de la que yo hablo en este artículo es una especie de «impuesto revolucionario» que los mandatarios del Consejo Rioja hacen pagar a los productores por su servicio de REGULAR LA OFERTA/ DEMANDA, justo la misión en la que no han hecho nada bueno en los últimos 20 años.
Gracias, Miguel