En los artículos precedentes hemos señalado dos de los errores que cometemos los urbanitas y consumidores al considerar a nuestros agricultores. El primer error era devaluar al colectivo cuantificándolo en base a su aparente escasa aportación a la economía del país. El segundo error era establecer una imaginaria ruptura mental entre el producto agrario en el campo y en el supermercado.
El tercer error que vamos a tratar hoy se refiere a la creencia de que la agricultura está muy subvencionada.
Empiezo con este titular que ha aparecido “a bombo y platillo” en los Medios en la primera quincena de febrero de este año, justo antes de las elecciones a Castilla y León, con los agricultores castellanos muy enfadados con el Gobierno. En ese tenso marco, el Presidente Sánchez prometió una lluvia de millones para la agricultura.
Este PERTE agrario dicen contará con una inversión pública de 1.003 millones de euros entre 2022 y 2023. ¿Y qué son los PERTE? Son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica de un determinado sector que se engloban dentro del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que canaliza los fondos Next Generation de la U.E. para reparar los daños del COVID-19.
El Ministro de Agricultura ha dado detalles de este PERTE agrario, plan que se vertebra en torno a tres ejes: fortalecimiento industrial del sector agroalimentario con el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos (400 millones), digitalización de los procesos (454 millones) e Investigación I+D+i (148 millones).
Bueno, la aclaración del Ministro ya deja intuir entre líneas que esta ayuda no es para los agricultores sino para las industrias agroalimentarias ya que los problemas acuciantes de pérdidas de renta entre los agricultores no se resuelven con digitalización, investigación, innovación. Está bien que se den ayudas a las industrias alimentarias pero que no se intente confundir diciendo que son ayudas agrarias.
Una segunda afirmación del Ministro ya deja en evidencia otra estrategia muy habitual entre los responsables de la Política Agrícola (mezclar churras con merinas): “la dotación presupuestaria del PERTE, unida a los más de 47.000 millones de la próxima PAC así como a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán una dotación pública hasta 2026 que es probablemente la más alta que el sector haya tenido jamás en España”.
¿Pero de qué se quejan los agricultores, con la cantidad de dinero que les llueve del cielo según el Ministro del ramo? Veamos algunos datos para desmentir tanta cifra inflada y para eso empiezo recordando que los diez millones de agricultores europeos producen cada año una cosecha global valorada en miles de millones de euros que, tras su transformación o/y distribución, los consumidores pagamos por ella diez veces más.
Esa plusvalía desde el campo hasta el plato o la copa es mayúscula y las distintas administraciones no cesan de cobrarnos impuestos por ella, ingresando anualmente decenas de miles de millones de euros. La UE se financia fundamentalmente de un porcentaje de esos IVAs y de las aportaciones de cada país en función de su renta, así que sería lógico que un pequeño porcentaje de esos ingresos que genera el agricultor a las arcas comunitarias se lo revierta la U.E. al agricultor en ayudas.
Estas subvenciones a agricultores, ganaderos, pescadores, industria agroalimentaria, medio rural, etc., se engloban en la llamada PAC “Política Agraria Común”, capítulo que ha supuesto desde los inicios una parte muy importante de su presupuesto porque la UE no ha tenido una “política educacional, sanitaria, o militar común”, partidas que se llevan en cada país la mayor porción de nuestros impuestos.
Conviene dejar claro que la Agricultura Europea en su conjunto, también la española y por supuesto la vasca, es controlada, diseñada y subvencionada mayoritariamente por la Comisión y el Parlamento Europeo. Es decir que tanto el Ministerio de Agricultura como las Consejerías de Agricultura de los Gobiernos autonómicos manejan los fondos que les reparte la UE, los complementan en algún caso, pero aplicando siempre los criterios de reparto que marca Bruselas.
De un presupuesto de la UE de 169.500 Millones de euros, algo más del 30% se dedica a las ayudas a la agricultura y al Desarrollo Rural, unos 53.000 millones de euros/año. Este porcentaje viene descendiendo año tras año, como se ve en la gráfica, desde casi el 60% que suponía en los años ochenta a la mitad de ese porcentaje. El caso es que los burócratas de Bruselas, con la aquiescencia de los Ministros, han fijado para el periodo 2021-27 una PAC de 386.000 millones de euros.
Esa partida gigantesca, la más cara e incomprendida de la UE, la matiza el eurodiputado agrario Paolo de Castro: «Debemos explicar que este presupuesto no es solo para 10 millones de agricultores, sino para 450 millones de personas consumidoras». Esto supone que la aportación de cada ciudadano europeo a la agricultura es ridícula, de 0,30 euros/día o 118 euros anuales, menos de la mitad de lo que nos cuestan las partidas de Defensa o de Seguridad ciudadana.
Han leído bien, aportamos cada uno de nosotros diariamente a los agricultores, ganaderos, pescadores, industria agroalimentaria, desarrollo rural, etc, la friolera de ¡treinta céntimos de euros/día! ¿Cuánto llegan realmente a los agricultores de esos 30 céntimos? Pues se sorprenderá aún más el lector si le digo que realmente a los agricultores y ganaderos profesionales no les llegan de su aportación más que unos diez céntimos en ayudas directas.
Las quejas de los agricultores por este reparto de la PAC son una constante que se repite periódicamente. Los tecnócratas de Bruselas han diseñado una PAC que quieren sirva igual para un olivarero andaluz o para una lechero holandés, para una microempresa de cosechero alavés o para una gigantesca bodega, para un pequeña explotación cerealista de Rioja Alavesa y para otra inmensa de Castilla. Pero no sirve.
La filosofía de la PAC es vetusta e injusta. La ayuda se piensa en clave de superficie y no de agricultor profesional por lo que una Duquesa terrateniente ha venido liderando durante años la lista de beneficiarios.
Daniel Freund, eurodiputado verde alemán constata que «la mayor parte del dinero se entrega en este momento únicamente por hectárea. Entregamos el dinero independientemente de si el “agricultor” está haciendo un buen trabajo para la comunidad local”.
Las ayudas agrarias de la UE se gestionan a través de dos grandes Fondos Europeos: el FEAGA (fondo europeo de garantía agrícola) con una dotación media de ayudas directas en los últimos años de unos 42.000 millones de euros (de ellos un 14% para España) y el FEADER (fondo europeo agrícola de Desarrollo Rural) con una dotación comunitaria de unos 13.000 millones de euros/año y un importe adicional durante 2021 y 2022 de 8.100 millones de euros del instrumento Next Generation.
En este año 2022 especial por el Next Generation, el Ministro de Agricultura español va a gestionar el reparto de más de 7.000 millones de la PAC para casi un millón de explotaciones agrarias, por lo que saldría teóricamente a siete mil euros de ayuda por explotación media, pero si ustedes hablan con docenas de viticultores y cosecheros le dirán que ni de lejos están recibiendo anualidades de esa dimensión.
Sigamos el curso de ese dinero de la UE (mejor dicho dinero de los consumidores europeos) entre las distintas administraciones que nos incumben en Euskadi. Decíamos que llegan esos siete mil millones de euros al Ministerio que los reparte entre las distintas Comunidades Autónomas, con las habituales trifulcas entre las Comunidades agraviadas y las Comunidades que se ven beneficiadas.
Obviamente Euskadi no se encuentra entre las beneficiadas pues el peso político, sindical y agrario de Mancha y Andalucía es muy importante. A parte de nuestra pequeña dimensión agraria en su conjunto, influye negativamente el hecho de que nuestras explotaciones son pequeñas y que en sectores claves como el vitícola el cooperativismo tiene muy poco peso y predominan las microempresas tipo cosechero.
Una vez el “sobre del la UE” llega desde el Ministerio a Gobierno Vasco para proceder al pago en las condiciones fijadas por la UE y retocadas por el Ministerio, nuestra administración procede a la recogida de solicitudes y reparto de las cantidades asignadas en base a nuestra peculiar organización territorial (LTH): es decir las tres Diputaciones Forales gestionan el pago de las ayudas directas a los agricultores y el Gobierno Vasco se reserva la tramitación de las grandes ayudas a la inversión de industrias agrarias, promoción y demás.
Una de las ayudas cuantitativamente más importante es la “Ayuda a Inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas”. El montante de ayuda pública para esta medida en Euskadi durante el sexenio 2015-2020 ascendía según el PDR a 37,2 millones de euros, de los que correspondían al FEADER 11,7 millones, 10,4 millones de Cofinanciación adicional y 15 millones de Financiación complementaria nacional.
Se accede a esta ayuda en un proceso de concurrencia competitiva entre los solicitantes, priorizando la UE la creación de nuevas empresas y que generen mucho empleo. Dado el gran peso que tienen las grandes bodegas respecto al conjunto de las industrias alimentarias vascas, suelen ser las principales perceptoras de la ayuda que consiste en una subvención directa sobre un porcentaje de la inversión, con un máximo del 40%.
La UE deja muy claro en su normativa los propósitos de las ayudas a las bodegas y demás industrias agroalimentarias: “como objetivo fundamental, las medidas de apoyo al sector agroalimentario deben no sólo asegurar la renta del sector primario, sino colaborar en su incremento”. Pero lo cierto es que sus propias exigencias y las prioridades que establece impiden que se cumplan esos objetivos utópicos.
Si analizáramos las ayudas que ha concedido la UE en los últimos veinte años al Sector Vitivinícola Alavés veríamos que se ha concentrado fundamentalmente no en los viticultores sino en las bodegas y dentro de estas se ha concentrado especialmente en una docena de grandes bodegas, sin haberse conseguido el objetivo de crear nuevo empleo entre gente de la comarca ni haber incrementado la renta de los viticultores.
La Política Agraria de la UE no ha querido entender las peculiaridades agrarias de pequeñas comarcas como Rioja Alavesa, no ha querido ver que no se trata tanto de dar una ayuda multimillonaria a un bello edificio que apenas compra uva ni crea puestos de trabajo en la Comarca, sino de estimular cien pequeñas inversiones en pequeñas bodegas que si compran uva y si hacen “desarrollo rural”.
Ya vamos diciendo algunas palabras que describen a las ayudas agrarias: son ayudas europeas, escasas, mal explicadas a los contribuyentes, mal repartidas entre agricultores y no agricultores, discriminatorias con los pequeños, especialmente injustas con colectivos concretos como el de los viticultores y cosecheros alaveses.
Y otra característica de las Ayudas Agrarias es la proliferación de instituciones haciéndose protagonistas y como ejemplo voy a comentar el Plan “Enorregión” presentado por el Gobierno de La Rioja al “Next Generation” y que se parece mucho al “Perte Agroalimentario” del Presidente Sánchez y aún se parece más, al Plan de los grandes bodegueros de la F.E.V cifrado en 200 millones de euros.
¿Qué propone la “Enorregión” del gobierno riojano para su sector vinícola? Solicita cientos de millones de euros de la UE para “un proyecto global que persigue la modernización de la industria vinícola en base a la eficiencia energética, la reducción de emisiones de CO2, la depuración avanzada de residuos hídricos, la movilidad industrial sostenible, la digitalización de las bodegas, la economía circular”.
En definitiva trata de impulsar la competitividad de las bodegas a través de la sostenibilidad aprovechando que va a haber financiación para ello, porque “un 37% de los 70.000 millones de euros que se van a transferir a España en el marco del Next Generation irán destinados a inversiones en materia de transición ecológica”.
Las otras tres líneas del proyecto “Enorregión” tampoco benefician a los viticultores porque por un lado van encaminadas al desarrollo turístico (digitalización y movilidad sostenible), o van encaminadas a la Universidad, creando un Campus Internacional del Vino que sea un referente en investigación, innovación y formación o tiene una componente política al propiciar una “red europea de enorregiones sostenibles”.
El plan “Enorregión” es muy completo, “por pedir que no quede”, es una utopía que tiene dos características que me interesa destacar: una vez más se escamotean las ayudas a los agricultores y solo se habla en clave industria bodeguera y otra vez más el Gobierno riojano se apropia por completo de la D.O. y se inventa ese vocablo para no decir la palabra “D.O. Rioja” y no tener que trabajar con los gobiernos vecinos.
Entiéndanme, critico el plan “Enorregión” por las razones citadas, pero reconozco que es mejor tener eso que nada. Buenos o regulares, hay que tener planes, Rioja Alavesa necesita planes que se adapten a las circunstancias de cada momento (por ejemplo, a las exigencias de sostenibilidad del “Next Generation”), planes que tengan en cuenta las peculiaridades de Rioja Alavesa, la pequeñez de sus explotaciones vitícolas, el individualismo de las microempresas de cosecheros, etc.
Y a propósito de tener en cuentas las peculiaridades de Rioja Alavesa a la hora de plantear las ayudas agrarias me voy a referir a una buena idea de Diputación de Álava de ayudar al viejo viñedo alavés que se escapa de las líneas clásicas de la UE pero que, sin quererlo, acaba siguiendo la filosofía de Bruselas de beneficiar a las grandes sociedades bodegueras dejando de lado a un buen número de pequeños viticultores.
Acertadamente el Decreto foral justifica esta ayuda diciendo que “los viñedos denominados como “viejos” son una parte fundamental del conjunto productivo del viñedo de Rioja Alavesa, que lo diferencia en gran medida del resto de la Denominación Rioja. Estos viñedos viejos son sistemas agrarios de alto valor natural y paisajístico, productores de una vendimia de calidad superior y diferenciada”.
En los últimos años la Diputación ha venido dedicando a esta ayuda unos 200.000 euros anuales (aunque la reserva de crédito es mayor) que los ha repartido a unos 210 beneficiarios (unas 20 sociedades mercantiles, 40 sociedades civiles y unos 150 particulares, tanto agricultores profesionales como no), subvencionando a unas 450 hectáreas de media anual, con una ayuda comprendida entre 300 y 600 euros/Ha en función de la edad del viñedo, lo que equivale a mil euros de media por beneficiario.
Así expuestos los datos medios parece que la cosa es justa y equitativa, la ayuda no es gran cosa pero mil euros por explotación son mil euros. Pero para juzgar la equidad e idoneidad de la ayuda igual tenemos que considerar algunos datos más, el primero de los cuales es que Rioja Alavesa “se caracteriza, por poseer la más elevada proporción de viñedo viejo de todo el mundo”, según los expertos.
En concreto, el viejo viñedo plantado en vaso antes de 1972 (momento en que comienza en Rioja Alavesa el boom de plantaciones, la mecanización del cultivo y el abandono de las caballerías), es decir el viejo viñedo en producción con más de 50 años, supone más de 1.800 hectáreas, cuatro veces la cifra de viñedo viejo subvencionado por esta ayuda foral (unas 450 Has).
El decreto foral estableció arbitrariamente el año 1960 (hoy 1965) para decidir si un viñedo es viejo o no. ¿De verdad que no es viejo ese viñedo plantado a finales de los duros años sesenta en las parcelitas de una fanega (0,20 Has) que se plantaban en laderas pedregosas, porque las parcelas más grandes y menos pobres debían dedicarse a cereal? En cualquier caso hay más de 1.100 hectáreas plantadas antes de 1965.
¿Por qué no se acogen todos los viticultores y todos los viejos viñedos a esta ayuda? Pues porque se ha cometido el error de Bruselas de poner un tope de subvención muy alto (4.000 euros equivalente unas 9 hectáreas subvencionables) que beneficia a las grandes bodegas, a la vez que se exige disponer de una superficie mínima de 5.000 m2 de viñedos viejos, lo que perjudica a los pequeños viticultores pues muchos de ellos con varias parcelitas de viña vieja no llegan en total a esos 5.000 m2.
A la hora de redactar el decreto no se ha tenido en cuenta que viñedo viejo en Rioja Alavesa implica parcelita pequeña. Es como si quisiéramos dar una subvención por la hambruna a un país africano y pusiéramos como requisito a los solicitantes tener la tez blanca. Obviamente repartiríamos toda la ayuda entre los solicitantes pero si indagáramos un poco veríamos que en su mayoría los beneficiarios eran terratenientes blancos y algunos autóctonos albinos.
Hagan el estudio estadístico entre los viticultores que se han quedado fuera de la ayuda en estos pasados años y “los 40 principales” que se han llevado y seguirán llevándose buena parte de la subvención total, y verán que hay que cambiar de filosofía, hay que incluir a todas las viñas viejas sin la exigencia de 5.000 m2 (dejándolo en 1.000 m2 como La Rioja y otras CCAA) y hay que reducir el tope máximo de subvención hasta unos 2.500 euros o incrementar la partida.
¿Quién tiene hoy 9 hectáreas de viñedo muy viejo? Pues el terrateniente que tiene 50 o 500 hectáreas de viñedo total. No tiene sentido que a un viticultor al que le vendría muy bien unos cientos de euros se quede permanentemente fuera de la ayuda mientras que a una bodega estrella se le pagasen 4.000 euros/año (más la subvención ecológica) por 9 hectáreas que rinden treinta mil botellas por las que saca muchos cientos de miles de euros. Al pobre, la ayudita le haría mucho; y al rico no le hace nada.
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Artículo de números, que normalmente suelen ser muy arduos de leer.
Sin embargo, las cifras, los datos son fotografías muy reales de actuaciones llevadas a cabo en el sector que se estudia.
En el artículo que precede, se nos muestran diferentes datos numéricos en las distintas ayudas a la agricultura y a la industria agraria que determinan claramente la política agraria llevada a cabo.
En este momento, me siento incapaz de hacer una valoración, sin hacer un análisis más profundo de lo que acabo de leer. Son cantidades que necesito digerir con amplitud de miras.
Espero que como yo, los que queremos lo mejor para Rioja Alavesa, tanto administración, viticultores, bodegueros, estudiosos de la zona, y que leemos este Blog, nos prestemos a hacer un análisis sosegado de este artículo, para intentar dar respuestas presentes y de futuro a las planteadas por Miguel, seguro que en su ánimo de que Rioja Alavesa sea cada vez más equilibrada y solidaria.
Gracias, Fernando
Un camino, creo que podría llegar a ser más eficaz en el caso de las «viñas viejas en parcelas pequeñas», es utilizar las Leyes de protección del Patrimonio Histórico Cultural. Hacer un completo inventario del mismo y disponer de un Plan de ayudas a los viticultores concernidos.
Gracias, Juan Ignacio
El camino que propones es muy interesante, Juan Ignacio, pero el de las ayudas de la PAC lo es más desde el punto de vista de rapidez, cuantía de la ayuda y demás. Son dos vías que no debemos descuidar. Se está haciendo en otras Comunidades y otros países de la UE… La semana que viene os lo cuento.
Gracias, Miguel